Declaración de ingresos por “economía social”

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Como se ha ido comunicando en los últimos meses, el Ministerio de Hacienda está poniendo un foco especial en los particulares que de manera opaca generan ingresos alquilando sus viviendas a través de plataformas como Airbnb. Tal ha sido el éxito de esta web de alquileres turísticos, que la industria hotelera ha hecho especial lobbying estos últimos años contra Airbnb, considerando el vacío fiscal existente como competencia desleal.

En general, la intención del Ministerio de Cristóbal Montoro es combatir la economía sumergida y tratar de manera transparente todas las empresas de economía colaborativa, siendo Airbnb la más conocida, pero no la única. Existen otras compañías como Uber, Social Car, Blablacar o Letmespace que también pueden estar en el punto de mira de la Agencia Tributaria. Pero sin duda, de todas ellas, a la que más atención se ha prestado es Airbnb, sobre todo tras el cierre de Uber en España y su posterior apertura solo con conductores profesionales, un cambio importante en su modelo de negocio que ha calmado al sector del taxi.

Muchas de estas empresas aseguran que no entregan a la Agencia Tributaria los datos de sus usuarios, y explican que son los anfitriones los responsables de entregar toda la información correcta a la hacienda pública de cada país. También inciden en que son los usuarios quienes se comprometen a cumplir con las normativas vigentes a nivel tributario y legal. Recientemente, Airbnb ha enviado una comunicación a sus usuarios recordando los ingresos totales que hayan obtenido en 2015 a través de la plataforma, e indicando que se deben declarar no sólo a nivel del IRPF, sino también, y esto varía en cada comunidad autónoma, a nivel de las tasas turísticas locales. Barcelona y Valencia son las ciudades más exigentes en este sentido, y se han de pagar y declarar estas tasas locales, habiendo controles frecuentes para detectar fraudes.

Las dudas más comunes

Las preguntas más comunes que surgen entre los que deben incluir este concepto en su declaración van desde el tipo de sanción a la que se exponen si no lo declaran correctamente, hasta si en determinadas ciudades está autorizado o prohibido usar plataformas como Airbnb. Otras dudas frecuentes tienen que ver con la obligación o no de declarar los ingresos y sobre si hay riesgo con el contrato de alquiler por subarriendo. De hecho, como consecuencia de la crisis, hay ciudadanos que recurren a Airbnb para completar sus ingresos y poder llegar a fin de mes.

Mediante un requerimiento, la Agencia Tributaria está informando a los anfitriones que ingresaron más de 4.000 euros por concepto de alquileres en Airbnb, que se detectaron cantidades de ingresos no declaradas y se pide justificación de las mismas. Incluso se solicita el contrato de alquiler de la propiedad para verificar si se cumple la legalidad o no. El particular se enfrenta a sanciones del 25 por ciento de las cantidades no declaradas, además de los intereses de demora. No hay que olvidar que Hacienda tiene derecho a revisar las declaraciones durante un plazo de cinco años.

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